Cidh reiteró solicitud al Gobierno venezolano para visitar el país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), reiteró la solicitud hecha al Gobierno venezolano para realizar una visita al país, con el objetivo de evaluar la situación en materia de alimentación y medicamentos.

La relatora de la Cidh para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, formuló la petición durante una audiencia en el marco del 169 periodo de sesiones del organismo, realizado en Estados Unidos.

La funcionaria internacional expresó su preocupación por la situación del país, y puso al organismo a disposición del Gobierno Nacional para brindar asistencia técnica.

En ese sentido, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos del país (Cndh), Larry Devoe, declaró que la situación económica y humanitaria de Venezuela está relacionada directamente con las sanciones impuestas por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).

Devoe comparó la situación del país con la intervención realizada por EE.UU a la economía de Chile en la década de 1970, resaltando que el país tiene la «capacidad económica para comprar lo que necesita su pueblo».

«Solo en un año hemos gastado 2 mil 400 millones de dólares en las cajas Clap de alimentos», expresó durante la audiencia.

Por su parte, el representante de la sociedad civil y director de la Organización No Gubernamental Espacio Público, Carlos Correa, denunció que la implementación del Carnet de la Patria establece mecanismos de discriminación entre la sociedad.

Asimismo, advirtió que desde enero de 2016 se vienen aplicando decretos de Estado de Excepción «que no cumplen los estándares internacionales y son violatorios de la Constitución».

Correa señaló que el país tiene la «inflación más alta del mundo» y una «crisis económica inmensa».

La Cidh tiene previstas dos sesiones adicionales para discutir la situación de Venezuela: una convocada por iniciativa propia del organismo para estudiar las condiciones de las personas privadas de libertad en el «contexto de la crisis política», y otra para analizar la situación humanitaria y los «mecanismos de control social» en el país.