por: Inés Reyes
02/06/2017 | 5:00 pm
@GM
La compañía automotriz General Motors comunicó este viernes que cesará definitivamente sus operaciones en Venezuela, tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes.
Cabe destacar, que este embargo fue efectuado el pasado 18 de abril cuando las autoridades estatales confiscaron su planta ubicada en Valencia, estado Carabobo.
General Motors, resaltó a través de un comunicado que la decisión fue tomada en desconocimiento al derecho a la defensa que causó un daño irreparable a la compañía y a sus trabajadores, ocasionando la terminación de sus relaciones laborales.
Peticiones a las autoridades
General Motors realizó una solicitud de avocamiento al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pero el pasado 25 de mayo la Sala Constitucional declaró como inadmisible dicha solicitud, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. Mientras que el voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
La empresa que ejercerá todas las acciones legales dentro y fuera de Venezuela, buscará el resarcimiento de todos los daños originados en su contra que trajo como consecuencia el cierre de sus operaciones.
A continuación en comunicado completo:
STATEMENT DE GENERAL MOTORS
Como ha sido del conocimiento de las autoridades y de la opinión pública, General Motors se vio forzada a cesar sus operaciones en Venezuela tras la medida de “amplio embargo” contra sus bienes, la cual fue emitida el pasado 18 de Abril en total desconocimiento al derecho a la defensa y al debido proceso, causando un daño irreparable a la compañía, a sus trabajadores y ocasionando la terminación de las relaciones laborales.
A pesar de las numerosas peticiones de General Motors para reunirse con las autoridades Venezolanas, discutir la situación y encontrar una solución, la empresa no recibió ninguna respuesta afirmativa.
El pasado 25 de mayo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció declarando como inadmisible la solicitud de avocamiento presentada por General Motors, luego de la medida de amplio embargo judicial contra sus bienes, con seis votos de los siete magistrados que integran la sala. El voto salvado corresponde a la posición de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán.
Con la negativa, del avocamiento solicitada por la ensambladora más grande y de mayor tradición en el país, se evidencia una vez más el irrespeto al debido proceso y al derecho legítimo a la defensa; por lo que la decisión tomada por General Motors es irreversible, luego de más de 69 años de contribución a la generación de empleos de calidad, la movilidad de todos los sectores de la economía nacional y de los propios venezolanos.
La compañía ratifica que ejercerá vigorosamente todas las acciones legales a su alcance dentro y fuera de Venezuela, en busca del resarcimiento de todos los daños injustamente originados en su contra.