Condenan al Correo del Caroní por informar sobre hechos de corrupción en Ferrominera

El Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira, emitió en la madrugada de este viernes una sentencia condenatoria contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

Natera Febres fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria continuada. A ello se suma una multa de 1.137 unidades tributarias, y la imposición de una medida vigente: la prohibición de publicar noticias relacionadas con un empresario de la región, en cuanto al caso de corrupción en FMO.

El juez Beltrán Lira impuso además dos medidas de coerción personal hasta tanto no quede firme el fallo: la prohibición de salida del país y presentación cada 30 días, con la aclaratoria -según explica el abogado defensor Morris Sierralta- que se aplica esas medidas porque la pena no llega a cinco años, de lo contrario el juez hubiese privado de libertad de forma inmediata.

Adicionalmente, hay una medida ininteligible, según señaló la defensa, que es la medida económica contra David Natera. Se trata de la prohibición de enajenar y gravar derechos, aunque la medida debería ser enajenar bienes e inmuebles, en su carácter de factor mercantil de Correo del Caroní, y ordena oficiar al registro mercantil donde está registrado, a los fines de que imponga la medida.

Hasta ahora no existe una sentencia firme. Se espera la publicación de la misma, y una vez notificada a las partes, corre un lapso de 10 días hábiles para las apelaciones; de no haberlas, la sentencia se mantiene firme.

La defensa aclaró que el fallo del tribunal mantiene la prohibición de relacionar al empresario demandante con el caso de corrupción en Ferrominera Orinoco.

Los argumentos interpuestos por la parte acusadora, aceptados por el juez Lira, suponen que cualquier medio de comunicación debe esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un caso de corrupción, lesionando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información oportuna que tienen los medios y, sobre todo, los ciudadanos

El miércoles 9 de marzo de 2016 se retomó el juicio por difamación e injuria en contra del diario de circulación regional.