Aprobaron propuesta de ley de suicidio asistido en Inglaterra y Gales

Con 330 votos a favor y 275 en contra, el Parlamento británico aprobó la propuesta de ley de suicidio asistido para Inglaterra y Gales.

De acuerdo a la información, los diputados de la Cámara de los Comunes (baja) estuvo debatiendo la propuesta planteada por la laborista Kim Leadbeater durante cinco horas seguidas y, considerando que el tema se trataba de «un asunto de conciencia», los votos fueron reflejo de que «os partidos dieron a los parlamentarios libertad de sufragio».

Ahora, la propuesta, que lleva el nombre de «Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales» y que busca permitir en Inglaterra y Gales que «los mayores de 18 años que padecen una enfermedad terminal puedan recibir asistencia para morir»; seguirá su curso en el parlamento con la «presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores (alta), previo a un voto final que aún tardaría meses».

Cabe destacar que, a diferencia de las propuestas anteriores ligadas al suicidio asistido, la iniciativa impulsada por Leadbeater no solo «impone más requisitos a los interesados», sino que también específica que «presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella» será considerado delito y tendrá una pena de hasta 14 años.

En relación a los requisitos que deben cumplir los interesados en caso de que esta propuesta sea aprobada y sancionada como ley, se estipula que deben «ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses» y, por sobre todas las cosas, «estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo claro, firme, informado y libre de coerción o presión».

Además, de acuerdo a lo propuesto, las personas que deseen optar al suicidio asistido deberán «hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, y deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial»; y, por último, también se señala que «aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo».