por: María Fernanda Pérez
01/08/2025 | 9:30 am
AFP
En un evento que mantiene a Colombia y a gran parte de la comunidad internacional en vilo, hoy se ha programado la lectura de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El fallo de primera instancia lo halló culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos que podrían acarrearle una condena de entre cuatro y ocho años de prisión.
La sentencia
La jueza Sandra Liliana Heredia será la encargada de dictar la sentencia este viernes a las 14:00 hora local (19:00 GMT). Aunque se espera una pena de prisión, la jueza ha sugerido que, dadas las circunstancias, el exmandatario podría beneficiarse de la prisión domiciliaria como una medida sustitutiva. Por su parte, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, ha pedido una pena más severa, de nueve años, junto con una multa millonaria.
Pese al anuncio de hoy, el proceso judicial está lejos de concluir. El equipo de abogados de Uribe, liderado por Jaime Granados, ya ha anunciado que apelará la decisión. Esta apelación se presentará formalmente el próximo 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 16 de octubre para emitir un fallo en segunda instancia.
La condena ha desatado una ola de reacciones que trascienden las fronteras colombianas. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, calificó el fallo de una «instrumentalización del poder judicial» y aseveró que el «único ‘delito'» de Uribe ha sido «luchar incansablemente» por su país. Varios congresistas estadounidenses se unieron a estas críticas, generando un intenso debate.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro tachó estas declaraciones de «intromisión en asuntos judiciales de otro país» y una violación a la soberanía nacional. Las víctimas acreditadas en el caso, encabezadas por el senador de izquierda Iván Cepeda, han elevado una alerta a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que consideran «presiones externas» que ponen en riesgo la independencia judicial en Colombia.
La Corte Suprema de Justicia también se pronunció, defendiendo firmemente la autonomía de los jueces colombianos y rechazando cualquier «injerencia indebida». En un comunicado, el alto tribunal advirtió que las críticas no solo socavan la confianza pública en la justicia, sino que también podrían poner en riesgo la seguridad e integridad de los magistrados y jueces involucrados.