ICE se proyecta como «la mayor agencia de seguridad de EE.UU»

El presidente Donald Trump promulgó una legislación que, según especialistas, transformará radicalmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos. Esta ley contempla un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares para ICE, una cifra que supera la mayoría de los presupuestos militares a nivel global, con la excepción de las principales potencias. La magnitud de esta inversión ha encendido las alarmas entre diversas organizaciones civiles y expertos, quienes advierten sobre las profundas implicaciones de tal expansión.

El presupuesto, firmado el pasado 4 de julio, asigna a ICE 45.000 millones de dólares hasta 2029 para la construcción de nuevos centros de detención. Esta cantidad representa un aumento del 62 % en comparación con el presupuesto de todo el sistema federal de prisiones, y se estima que permitirá la detención diaria de 116.000 personas, según un análisis del American Immigration Council (AIC). Además, se destinarán casi 30.000 millones de dólares para operativos, lo que posibilitará la contratación de 10.000 agentes adicionales, sumándose a los 20.000 ya existentes. Este refuerzo busca alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales, de acuerdo con proyecciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El plan presupuestario de Trump no se detiene ahí. Incluye 4.100 millones de dólares para la contratación de 3.000 nuevos elementos de la Patrulla Fronteriza y 3.000 oficiales de aduanas. Con estas cifras, los agentes migratorios contarían con un presupuesto superior al de todas las demás agencias de orden público federales combinadas, incluyendo el FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Justicia, el resto del DHS, la DEA y la ATF, según un reporte del Instituto Cato. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) subraya la desproporción, destacando que el presupuesto de 75.000 millones de dólares para ICE excede el de casi todos los ejércitos del mundo, excepto el de Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudí.

Organizaciones civiles expresan su «indignación» ante este «dramático» aumento, especialmente en un contexto de crecientes denuncias por violaciones a los derechos humanos. Así, Neera Tanden, presidenta del Center for American Progress (CAP), califica de «indignante» el incremento a un departamento que, a su juicio, ha aterrorizado comunidades.