por: Elena Velásquez
24/02/2024 | 1:30 pm
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Según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua, el Gobierno de Daniel Ortega tendría unos 121 presos políticos.
De acuerdo al más reciente informe del grupo, que fue avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la nación centroamericana permanecerían detenidos 102 hombres y 19 mujeres que forman parte de los opositores y críticos de la actual Administración.
En este sentido, el documento destaca que entre el 01 y 31 de enero 2024, se produjeron al menos «seis detenciones arbitrarias por posibles motivaciones de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos que conformaban la lista de prisioneros políticos»; entre estos últimos, se cuenta el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de prisión «por delitos considerados traición a la patria».
Asimismo, se conoció que entre estas personas privadas de libertad hay 22 adultos mayores, quienes según advirtió el Mecanismo, están encarcelada «en condiciones inhumanas» y «sin que se les respeten sus derechos humanos».
Por otro lado, el organismo denunció que, hoy por hoy, el Gobierno de Ortega «continúa aplicando medidas represivas en contra de familiares de personas presas políticas y de excarcelados políticos»; medidas entre las que se cuentan «la negación de ingreso al país y confiscación de bienes y propiedades», así como «la realización de juicios a través de videollamadas, la actuación coordinada entre el Sistema Penitenciario y policías en los interrogatorios, hasta las críticas condiciones carcelarias que incluyen plagas de jelepates (chinches)».
También indicaron que políticas como la negación de información a los familiares y abogados defensores de los detenidos políticos, califican como «desaparición forzada por ocultamiento de paradero».