por: Jonás Rodríguez
11/01/2023 | 12:00 pm
Sputnik Mundo
Este martes, 10 de enero, la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».
Dichas acusaciones, que también involucran al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; y al ministro de Defensa, Jorge Chávez; están vinculadas a los 47 fallecidos y decenas de heridos registrados durante las manifestaciones de las últimas semanas.
También se realizaron acusaciones contra «Pedro Angulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, en su condición de exministro del Interior».
Cabe recordar que Boluarte ya estaba involucrada en un investigación preliminar por los decesos contabilizados en las manifestaciones del pasado diciembre, pocos días después de asumir el poder tras la destitución de Pedro Castillo.
También es importante mencionar que el delito de genocidio es castigado con al menos 20 años de cárcel e incluye la destitución total o parcial del cargo.
Por otra parte, este mismo martes, Otárola anunció que el gobierno peruano acordó declarar «duelo nacional laborable» para extender respeto a los caídos en las protestas.
«Hemos aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 4:00 de la mañana (…) Esto en salvaguardia de la vida, la integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno», concluyó.