Saab denuncia «crímenes de lesa humanidad» en deportaciones a El Salvador

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, realizó una denuncia contra las recientes deportaciones de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, calificándolas como «crímenes de lesa humanidad.»

En una declaración pública, Saab confirmó la deportación de 15 venezolanos adicionales a El Salvador, sumándose a un número creciente de connacionales que han sido enviados a dicho país.

El fiscal argumentó que estas acciones constituyen una violación flagrante del Estatuto de Roma y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

«Lo que está ocurriendo en contra de las personas secuestradas y llevadas a El Salvador es un crimen de lesa humanidad. La única prueba de delito es ser venezolano. Esto se convierte en un crimen de lesa humanidad, porque están todos los supuestos que el Estatuto de Roma consulta y registra, para que una acción de este calibre sea tipificada como crimen de lesa humanidad», expresó. 

BBC

Saab hizo hincapié en que El Salvador, al ser firmante del Estatuto de Roma, está violando sus principios al detener y deportar a venezolanos por su nacionalidad y someterlos a tratos crueles.

Asimismo, reveló que el Gobierno venezolano ha enviado un documento al Tribunal Supremo de El Salvador, exigiendo un pronunciamiento sobre el caso y solicitando un recurso de Habeas Corpus para los afectados.

«Estamos esperando respuesta. Exijo un pronunciamiento de la Corta Suprema Justicia sobre ese Habeas corpus, no pueden engavetarlo porque ya es público notorio y comunicacional, no pueden decir que no existe», afirmó.

Saab también expresó su solidaridad con los familiares de los venezolanos deportados, quienes han sido «estigmatizados sin previamente tener acceso a un debido proceso en los EE.UU para que si así fuere, basándose en las leyes, lo mínimo sería tener el derecho a la defensa».

En otro orden de ideas, el titular del Ministerio Público informó sobre la detención de 50 miembros de la banda criminal Tren de Aragua en Venezuela.

Además, se refirió al caso del militar Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Chile, sugiriendo que su muerte fue un «ajuste de cuenta entre criminales», contradiciendo las declaraciones iniciales del presidente chileno Gabriel Boric.