Provea: Estado de Excepción establece una ruptura del orden constitucional

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), a través del «Foro por la vida», rechazó el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica anunciado por el presidente Maduro.

Provea considera que la medida «establece una ruptura del orden constitucional que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana».

La organización destacó una serie de aspectos que representan una «ruptura del orden constitucional»:

1. «Usurpación de poderes: El decreto elimina acciones constitucionales de la AN» y en su contenido «posibilita discrecionalmente al Ejecutivo a obtener financiamiento público sin contar con las facultades de control del Poder Legislativo».
2. «Pretende legalizar a una doctrina que considera la Seguridad Nacional un valor superior a los derechos de las personas. Al mismo tiempo, califica a toda persona que se oponga al Gobierno Nacional como enemigo interno».
3. «Suspensión indeterminada de garantías constitucionales a Derechos Humanos como: libertad de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica».
4. «Promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, por medio de la atribución de vigilancia y control para la seguridad y soberanía del país a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución, Clap)».
5. «Prohibición de la cooperación internacional para labores calificadas como fines políticos o desestabilización de la República, impidiendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes».
6. «Atribución de facultades discrecionales y arbitrarias al Presidente de la República».
7. «Desconocimiento de pactos y tratados internacionales que coloca en peligro la garantía de los Derechos Humanos, al permitir la adopción de medidas especiales en el orden de la política exterior que garanticen el ejercicio de la soberanía e impidan la injerencia extranjera�.
8. «Militarización de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país».

Finalmente, la organización exhortó a los sectores del país al diálogo y, solicitó a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos a seguir de cerca la situación venezolana que atraviesa «una inestabilidad social, política y económica».