ONU pide a CPI investigar «graves abusos» en Venezuela

El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, pidió que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue «los graves abusos que se han producido en Venezuela» para combatir la «impunidad generalizada» y la inacción del Estado.

«Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la CPI en esta materia», afirmó Zeid en un comunicado.

La Oficina de Alto Comisionado publicó este viernes un segundo informe a distancia sobre la situación del país latinoamericano.

Concretamente, el documento registra las presuntas ejecuciones sumarias perpetradas en el curso de operaciones de lucha contra el crimen organizado denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) entre 2015 y 2017, y con las Operaciones Humanitarias de Liberación del Pueblo a partir de 2017.

El pasado martes, previamente a la publicación del texto, el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero, sostuvo que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos produce «unilateralmente y sin mandato alguno informes ilegales».

Valero también indicó que el documento «carece totalmente de rigor científico», ya que se realiza en base a datos recogidos a distancia y que no pueden ser verificados.

El informe publicado por el organismo de la ONU también señala «la responsabilidad del Gobierno de Venezuela de ignorar la dimensión de la crisis alimentaria que atraviesa el país».

Según cifras citadas en el informe, el 87 % de la población de Venezuela está afectada por la pobreza, el 61,2 % se encuentra en situación de pobreza extrema, y se ha constatado un rápido incremento de la desnutrición infantil.

Según las informaciones recabadas, al menos 280 personas han sido «arbitrariamente privadas de libertad por expresar sus opiniones políticas, por ejercer sus derechos o por ser consideradas una amenaza al Gobierno».