por: Elena Velásquez
28/02/2021 | 2:00 pm
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De acuerdo a la información divulgada en diversos medios, en los últimos meses se ha registrado un incremento en la cifra de casos de maltrato animal en el país.
Aunque la ley venezolana no tipifica los actos violentos contra animales como delitos, si existe la denuncia pertinente, los agresores pueden ser privados de libertad; como ha sucedido en los últimos tiempos por las alertas de los usuarios de las plataformas sociales.
«Es una suerte que existan las redes sociales porque gracias a ellas las denuncias tienen un gran alcance y causan impacto (…) Publican información de los agresores lo que hace que sea más fácil para las autoridades capturarlos y exigen más leyes para la protección de los animales indefensos», señaló la veterinaria Aranza Correa.
En este sentido, la especialista aseguró que «la agresión a animales es más común de lo que se cree» y que, al menos seis de cada 10 casos que atiende en su consultorio se debe, justamente, a «heridas provocadas» producto de maltrato.
En relación al tema, el psicólogo Víctor Suárez explicó que, generalmente, las personas que agreden a los animales crecieron en un ambiente «violento y sin empatía», así que terminan convirtiéndose en seres humanos sin «respeto por los otros seres vivos, por lo cual le es fácil herirlos».
Asimismo, señaló que la mayoría de las veces, los actos violentos contra estas criaturas son perpetrados por «jóvenes que actúan en grupo y encuentran diversión en la violencia» y, de acuerdo al comportamiento, se puede determinar si el agresor es o no el dueño del animal.
En lo que va del 2021, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha informado sobre la captura de varios agresores tras la denuncia de usuarios de las redes sociales.
Durante el año pasado, en la mayoría de los 300 casos de maltrato registrados, el animal murió; sin embargo, hasta el momento, las leyes contra la agresión animal solo contemplan la imposición de multas, por lo que sectores de la población han exhortado a las autoridades a implementar nuevas normativas que lo tipifiquen como delito.