por: María Fernanda Pérez
08/11/2023 | 3:30 pm
Efecto Cocuyo
Este miércoles, 08 de noviembre, durante la segunda audiencia convocada por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), representantes del Gobierno venezolano admitieron que la mayoría de los casos presentados ante el tribunal de La Haya “siguen abiertos”, por lo que se “mantienen impunes”.
Al principio de la audiencia, en respuesta al recurso presentado por el Estado venezolano en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan de seguir la investigación, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza cuestionó a los representantes del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro por el estatus de los 124 incidentes presentados ante el tribunal.
“Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, señaló Aitor Martinez Jimenez, abogado.
Asimismo, explicó que, en relación a los rangos, dentro de los 124 incidentes se encontraron con “15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana.”
“Sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, añadió.
Intervención de Yván Gil
Durante su intervención ante la CPI, el canciller de Venezuela, Yván Gil, destacó que Venezuela ha “denunciado reiteradamente que las acusaciones en su contra por crímenes de lesa humanidad nunca han ocurrido.”
“La remisión presentada por un grupo de Estados en el año 2018 respondió a un claro objetivo político”, comentó.
Gil afirmó que los excesos de funcionarios son “casos aislados” que no constituyen delitos de lesa humanidad.
“Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación de crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, expresó.
Recordó que “eran los tiempos de Donald Trump y su estrategia de cambio de régimen y en la que todas Las opciones estaban sobre la mesa, así lo planteamos oportunamente ante la Sala de Cuestiones Preliminares.”