por: Elena Velásquez
19/02/2024 | 3:00 pm
@MinpublicoVE
Este lunes, 19 de febrero, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que la abogada Rocío San Miguel participaba en la operación Brazalete Blanco como «espía».
De acuerdo a las declaraciones del funcionario, la también activista por los derechos humanos actuaba «a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional».
En este sentido, destacó que durante un allanamiento al apartamento de la letrada se hallaron «evidencias» que la vinculan con actividades que atentan contra la nación; puesto que en el sitio se encontraron «18 mapas cartográficos», en los cuales se demarcaron 24 zonas de seguridad (incluyendo la del Palacio de Miraflores), «así como también se consiguió un cobro en dólares realizado por una trasnacional petrolera».
Asimismo, destacó que se encontraron «listados y perfiles de los mandos militares del país; y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar», por lo que se considera que estas actividades se corresponden más «al perfil de una agente».
«Debo decir que las pesquisas han continuado, y hemos encontrado suficientes indicios para considerar que la señora Rocío San Miguel está lejos del perfil de una defensora de los derechos humanos (…) el manejo de esta información es sumamente delicado, porque eso se reserva (…) Quienes tienen esas cualidades son agregados militares, eso no tiene nada que ver con defensores de derechos humanos (…) Dar información sensible es un elemento de convicción contundente», dijo en rueda de prensa.
El fiscal Saab también afirmó que, San Miguel, contaba con «un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención el cual se activó al momento de su captura», el cual supuestamente fue puesto en marcha «por su entorno más cercano (quienes ya tienen medidas cautelares y están en libertad), tratando de eludir la acción de la justicia».
De acuerdo a la información revelada, la abogada de 57 años figuraba en «un documento militar conocido como Orden de Operación», el cual fue hallado en la residencia del oficial Guillermo Enrique César Siero, y especificaba «todas las acciones que se iban a desarrollar en la operación Brazalete Blanco».
Justamente, en dicho texto, el nombre de San Miguel aparecería como «la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación».
Cabe recordar que, según las denuncias de Saab, la operación Brazalete Blanco se planificó para «atentar» contra la vida del Gobernador del Táchira, Freddy Bernal, antes de «iniciar una escalada de actos terroristas», que culminaría con un atentado contra el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro.