por: Zulymar Gutiérrez
14/09/2017 | 4:10 pm
AP
El Procurador de los Derechos Humanos (DD.HH), Jordán Rodas, de Guatemala solicitó ante la Corte de Constitucionalidad, que sea detenida la reforma que favorece a los políticos que han incurrido en delitos.
La reforma procura reducir las sanciones para el delito de financiamiento electoral ilegal y cambió por multas las penas a diez años de prisión por otros ilícitos.
Autoridades en contradicción aseguran que esta decisión ha agravado la crisis política en el país.
Rodas aseguró a los medios de comunicación que la reforma pone en riesgo a la población guatemalteca.
Advirtió que fue aprobada unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.
Manifestaron el descontento tras considerar la acción como un acto protector hacia el presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras que puedan descubrirse.
Al menos 400 delitos quedarán exonerados de cumplir prisión, a saber;
Desde la mañana del jueves, varias personas protestaban frente al Congreso en rechazo a los cambios.