Foto por JORGE GUERRERO / AFP
Al menos 34 personas han perdido la vida en las últimas horas en el paso fronterizo que divide a la ciudad autónoma de Ceuta de Marruecos, en el marco de una crisis migratoria de proporciones inéditas en la que más de 60 mil personas han ingresado de forma irregular a territorio español.
El episodio, calificado como el más grave registrado en la zona desde mayo de 2021, ha obligado al Gobierno de España a desplegar contingentes de las Fuerzas Armadas y un dispositivo extraordinario de más de 400 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para contener los reiterados conatos de violencia y el colapso operativo en la frontera.
La entrada masiva se ha desarrollado de manera ininterrumpida tanto por vía marítima, con migrantes bordeando a nado el espigón fronterizo, como por vía terrestre a pie.
Aunque las autoridades de la ciudad autónoma sitúan el flujo en 60 mil personas, el Ministerio del Interior de España estima el balance de accesos en unas 50 mil personas, confirmando a su vez que cerca de 25 mil ya han sido retornadas a territorio marroquí.
Tensión, violencia y desbordamiento en la frontera
El cruce ha estado marcado por escenas de extrema tensión. Diversos grupos de personas, constituidos mayoritariamente por jóvenes (muchos de ellos encapuchados), intentaron forzar el vallado perimetral lanzando objetos contundentes y piedras contra los efectivos de seguridad desplegados.
En las inmediaciones del puesto de control se registraron fuertes enfrentamientos con la policía marroquí, mientras miles de migrantes y familias enteras con niños pequeños se han visto obligados a refugiarse en las colinas adyacentes a la línea fronteriza.
La presión sobre Ceuta, una localidad que abarca tan solo 18 kilómetros cuadrados, mantiene paralizada la actividad de la ciudad. Los comercios locales han permanecido cerrados por razones de seguridad, las vías públicas registran aglomeraciones constantes y la población local manifiesta una profunda incertidumbre ante lo que catalogan como «mareas humanas».
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la coyuntura de «absolutamente insostenible» y cuestionó la respuesta institucional inicial.
«Es imposible asimilar esta presión y está más que justificada la sensación de inseguridad, inquietud, impotencia y abandono», aseveró Vivas, quien además exigió al Ejecutivo central una actuación «inmediata y enérgica» tras denunciar que la reacción gubernamental resultó «tardía».
Posición del Gobierno y debate político nacional
Ante la emergencia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se trasladó a la ciudad autónoma para evaluar de primera mano el despliegue de los cuerpos de seguridad.
Sánchez calificó la entrada masiva y sin control como una «avalancha» y una «violación deplorable de la integridad territorial de España y de sus fronteras».
En su alocución, el mandatario ratificó la determinación de la administración central de utilizar «todos los resortes del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos» y asegurar la «repatriación» ágil de quienes hayan accedido de forma irregular.
Por su parte, la oposición política ha vinculado el evento a las políticas de regularización migratoria impulsadas por el Gobierno. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, instó al presidente a hacer uso de «instrumentos excepcionales» para resguardar la seguridad nacional y la convivencia.
Asimismo, desde la formación Vox definieron lo sucedido como un «asalto» e «invasión» que amenaza de forma directa la soberanía del país.
Dispositivo de seguridad y repercusión internacional
Para mitigar el descontrol en la divisoria, la Guardia Civil reforzó su presencia con efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y servicios marítimos y aéreos.
Paralelamente, la Policía Nacional sumó a las labores a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Pese a que Marruecos incrementó la presencia de sus fuerzas del orden, no se ha logrado frenar por completo el goteo de entradas.
El impacto de la crisis traspasó las fronteras españolas, provocando severos cuestionamientos por parte de socios de la Unión Europea.
La ministra del Interior de Finlandia enfatizó que «los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen», respaldando la postura vertida desde Italia para evaluar una eventual suspensión de España del espacio de libre circulación.
A su vez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, declaró que «la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas».
En respuesta a estas afirmaciones, el Gobierno de España procedió a convocar formalmente al embajador de Italia para fijar su postura diplomática ante las críticas formuladas.
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