Imagen obtenida vía Instagram (@el_noticieroteleven)
El pasado viernes, 24 de julio, el Gobierno de Venezuela formalizó su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su proceso de salida de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, argumentando un supuesto «sesgo geográfico» en contra de los países del Sur Global.
La medida fue comunicada formalmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, bajo instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Ante el anuncio, la CPI recordó que las obligaciones legales e investigaciones sobre el país sudamericano se mantendrán vigentes durante un año, mientras que el Departamento de Estado de EE. UU. respaldó públicamente la retirada del organismo.
Argumentos del Ejecutivo venezolano
De acuerdo con las declaraciones del ministro Plasencia, la decisión responde a una crítica estructural hacia el accionar de la justicia internacional.
El funcionario sostuvo, a través de sus canales oficiales, que la Corte ha concentrado su labor de forma desproporcionada «en detrimento del Sur Global», añadiendo que con ello se «perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades».
Asimismo, el canciller afirmó que esta actuación evidencia la instrumentalización del organismo multinacional para «profundizar desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía».
En este sentido, recalcó que la posición oficial del Ejecutivo busca honrar el compromiso con una justicia equitativa y respetuosa de las naciones.
Respuesta formal de la Corte Penal Internacional
Tras hacerse pública la decisión de Caracas, la CPI emitió una reacción oficial desde su sede en La Haya.
Aunque el tribunal precisó que aún no ha recibido la notificación formal a través de la Oficina de Tratados de la ONU, reconoció que la adhesión o renuncia a tratados internacionales representa un «derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional».
No obstante, el organismo expresó su pesar por «cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves».
Respecto a las implicaciones legales y procedimentales de esta postura, la CPI citó el artículo 127 de su norma fundacional para aclarar el alcance del proceso.
«La retirada no afecta a las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales que se hubieran iniciado antes de que la retirada entrara en vigor, ni perjudica en modo alguno el examen continuado por parte de la Corte de cualquier asunto que ya estuviera siendo considerado antes de la fecha en que la retirada se haga efectiva», indicó.
En consecuencia, el tribunal ratificó que el retiro definitivo solo surtirá efecto 12 meses después de que el instrumento sea depositado ante Naciones Unidas, período durante el cual Venezuela seguirá obligada a cooperar con los procedimientos.
Cabe destacar que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país —abierta en 2018— se mantiene activa por parte de los fiscales en La Haya, a pesar del cierre en diciembre pasado de la oficina técnica en Caracas debido a la falta de «progreso real» en materia de complementariedad.
Reacción del Departamento de Estado de EE. UU.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos se pronunció favorablemente ante el anuncio emitido desde Caracas. A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado, liderado por el secretario de Estado Marco Rubio, celebró «con satisfacción» la medida adoptada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La diplomacia estadounidense tildó a la CPI de entidad «corrupta e inútil», criticando el tiempo transcurrido en el examen relativo a Venezuela.
«El llamado tribunal ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado. La CPI, en cambio, ha malgastado sus recursos investigando y acusando a personas de países que cuentan con sistemas judiciales competentes e independientes y que nunca se sometieron a la jurisdicción del tribunal», dijo.
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