Foto por JUAN BARRETO/AFP
El Ministerio Público ordenó la supresión inmediata de todas las publicaciones en sus redes sociales oficiales en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad. La medida incluye la prohibición de señalar directamente a cualquier ciudadano como responsable de hechos punibles mientras no exista una sentencia penal definitiva en su contra.
La instrucción fue anunciada por el Fiscal General de la República, Larry Devoe, quien explicó que la orden fue dirigida a la Dirección de Relaciones Institucionales de la institución para garantizar el cumplimiento de las normativas legales y éticas vigentes.
La decisión se fundamenta en los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 49 sobre el debido proceso, en concordancia con los artículos 46 y 60, que resguardan la dignidad, la integridad personal y el derecho a la reputación.
El titular del Ministerio Público enfatizó que la presunción de inocencia constituye un derecho fundamental y no un simple trámite administrativo, reiterando el compromiso de la institución con el respeto a las garantías constitucionales de los procesados hasta que un tribunal emita un dictamen definitivo.
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