por: Televen
Photo by Federico Parra _ AFP
El empresario de origen colombiano, Álex Saab, de 54 años, compareció este lunes, 18 de mayo, ante un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, para enfrentar cargos relacionados con lavado de dinero y conspiración para cometer transacciones financieras ilícitas.
La comparecencia ocurre tras confirmarse su deportación administrativa el pasado sábado desde la ciudad de Caracas por parte del Gobierno venezolano.
Durante la audiencia inicial, presidida por la jueza federal, Marty Fulgueira Elfenbein, se dictaminó que Saab permanecerá detenido bajo custodia y sin derecho a fianza hasta la próxima sesión pautada para el 24 de junio.
Previamente, el sistema judicial estadounidense ya había formulado acusaciones penales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito derivado de la obtención de contratos públicos.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció declaraciones públicas durante la inauguración de espacios socioproductivos en el sector de Los Símbolos, en la capital. Rodríguez defendió la legalidad del procedimiento y desvinculó formalmente al Estado del litigio particular.
«Álex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela, y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Álex Saab. Nosotros hicimos una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales», puntualizó.
Revelan falsedad en documentación civil
De manera simultánea, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, argumentó en rueda de prensa los motivos de fondo que aceleraron la expulsión del territorio.
De acuerdo con el dirigente, una investigación del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) demostró la invalidez de los papeles de identidad del exministro.
«Tenía una fecha de emisión del documento supuestamente de 2004. Buscamos, se hizo una investigación detallada, no hay ningún expediente en el Saime que certifique que esa persona sea venezolana», aseveró Cabello, justificando que, ante la condición comprobada de extranjero, el ordenamiento jurídico nacional obligaba a cooperar con los requerimientos de la justicia internacional de los cuales se le acusa.