HRW denunció «abusos» de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana

Un informe reciente de la organización Human Rights Watch (HRW) reveló que existen «múltiples abusos» contra los habitantes de Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela) por parte de grupos irregulares que se ubican en dicha zona fronteriza.

Este reporte está vinculado al combate territorial que existe, de acuerdo a la organización, entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Comando Conjunto de Oriente (coalición de grupos disidentes de las antiguas Farc), el cual inició ha dejado múltiples heridos y desplazados.

«El ELN acusó al Frente 10 (de las disidencias) de cometer abusos contra la población lo que también hace el ELN, de dedicarse al narcotráfico y de expandir su presencia a zonas controladas», cita el informe.

Dicha información es consecuente con las numerosas denuncias anteriores que se han efectuado al respecto, en las cuales se manifiestan «violaciones de los derechos humanos».

«Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela (…) Y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente», comentó la directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk.

Según el informe, tales brigadas militares venezolanas «han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN».

Para realizar esta investigación, el organismo se trasladó a ambas locaciones fronterizas y entrevistó a más de 100 personas, incluyendo líderes comunitarios e indígenas, funcionarios jurídicos, autoridades locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Además, conversó con 43 personas locales que huyeron de Apure.

«(Los grupos) utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas (…) Imponen sus propias reglas, incluyendo toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares, y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos», agrega el trabajo.

De acuerdo a los datos de la Policía colombiana, entre enero y febrero se contabilizaron 103 homicidios en Arauca, la cifra más alta en un primer bimestre desde 2010.

Finalmente, el reporte precisó que las autoridades neogranadinas han intentado disminuir el poder de los grupos armados en Arauca con el envío de refuerzos militares, sin embargo, las operaciones «no han protegido suficientemente a la población».

«Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas», concluyó Taraciuk.