Foto obtenida vía Instagram (@lindaloaizaoficial)
En una reciente entrevista, la defensora de derechos humanos Linda Loaiza hizo un nuevo llamado al Estado venezolano para que, tras 25 años de impunidad, se procese a Luis Antonio Carrera Almoina por los crímenes cometidos en su contra.
En 2001, Loaiza denunció a Carrera Almoina por haberla mantenido secuestrada durante cuatro meses en un apartamento ubicado en Los Palos Grandes, en Caracas. Durante ese período, la víctima sufrió torturas, agresiones físicas, mutilaciones y abusos sexuales.
Proceso penal
El recorrido judicial del caso ha estado marcado por fallos. Tras ser absuelto en primera instancia, Carrera Almoina fue condenado en 2008 a seis años y un mes de prisión solo por los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad. El tribunal descartó las imputaciones por violación, homicidio calificado en grado de frustración y tortura.
En la actualidad, Loaiza señala que la prioridad inmediata es la aprehensión de Carrera Almoina, aunque advierte la falta de acción por parte del sistema penal. Loaiza aseguró que no existen evidencias ni voluntad de las autoridades para dar con el paradero del agresor.
Según la abogada, la propia jueza de la causa admitió desconocer la ubicación de Carrera Almoina, quien goza de libertad plena y no tiene impedimentos para salir del país.
Asimismo, denunció que hasta el año 2006, la causa había pasado por la revisión de más de cien jueces y una decena de fiscales del Ministerio Público (MP).
Complicidad estructural
El caso de Linda Loaiza sentó un precedente histórico al derivar en la primera sentencia que condena al Estado venezolano por violencia de género. Sin embargo, la abogada enfatizó que las instituciones, lejos de brindarle reparación, la han revictimizado.
Durante el proceso, Loaiza recordó que fue víctima de amenazas directas y sufrió un atentado cuando se dirigía a su residencia tras salir de una audiencia de juicio, todo esto mientras contaba con medidas de protección oficiales que nunca fueron ejecutadas con efectividad. A juicio de la defensora, la inacción estatal y la complacencia social han permitido que tanto el acusado como su entorno familiar se vean beneficiados, perpetuando la impunidad en la causa.
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